Respetar la dignidad humana y el derecho a la vida en el siglo XXI: abolir el aborto, la pena de muerte y la tortura

El siglo XXI se configura como el siglo de la dignidad humana. Esta meta requiere el reconocimiento efectivo de los derechos que le son propios, el primero de ellos y base de todos los demás: el derecho a la vida, que surge de la dignidad intrínseca e igualdad inviolable de todo ser humano, como afirma la Declaración Universal de Derechos Humanos, fundamento político de estos.

El progreso de la civilización no consiste sólo en la evolución de la ciencia, la técnica, la cultura o la economía; las sociedades han realizado también un proceso de aprendizaje ético, como muestran la superación de la esclavitud, los avances en la abolición de la pena de muerte y la tortura o el reconocimiento de la dignidad y los derechos de la mujer.

En la actual etapa histórica se ha llegado a una conciencia social basada en una ética universal fundamentada en los derechos humanos: la ética de los derechos humanos. Así, para respetar el derecho a la vida y la dignidad del ser humano en toda circunstancia, los Estados van comprometiéndose a prohibir la pena capital (en 2008 ascendían a 135 los países abolicionistas; en Europa la excepción es Bielorrusia) y los instrumentos legales internacionales protegen a los presos de las torturas y las penas o tratos inhumanos o degradantes. Todo ello supone un gran progreso ético de la humanidad.

Sin embargo, junto al reconocimiento del avance de los derechos humanos a partir de la segunda mitad del siglo XX, hay que señalar el grave retroceso en el derecho a la vida en la etapa prenatal producido con la liberalización del aborto en las sociedades occidentales, y las vulneraciones que se siguen produciendo en distintos lugares del mundo de todos los derechos fundamentales. Por todo ello, hay que proseguir el combate por los derechos humanos, que implica, por lo que se refiere al respeto a la dignidad humana y el derecho a la vida:

  • La abolición del aborto considerado como un derecho de la mujer, que niega el derecho a la vida del ser humano en su primera etapa, y que, como toda vulneración de derechos humanos, degrada a la sociedad que la sostiene, sea activamente o cerrando los ojos ante la misma.
  • La abolición de la pena de muerte en todo el mundo, impropia de una civilización avanzada y que es utilizada a menudo contra personas inocentes como medida para anular a opositores políticos.
  • La erradicación total de la tortura, una práctica secreta, perversa, cruel y degradante.

Hay que referirse en particular al aborto, una práctica justificada erróneamente por su utilidad en la causa de la emancipación de la mujer, que se sostiene sobre la ocultación de su realidad, la eliminación de un ser humano, pues lo es desde el momento de la fecundación. Mirando al aborto desde la verdad, hay que asumir que con las actuales legislaciones, hoy, en el siglo XXI, en la civilizada Europa, se produce una grave y constante violación de derechos fundamentales: del derecho a la vida. La falta de protección jurídica del ser concebido permite que cada año casi tres millones de personas sean privadas de nacer y vivir. La legislación debe dirigirse hacia una regulación que contemple esencialmente la incompatibilidad vital entre la madre y el hijo, y que suponga una auténtica abolición del aborto.

El afrontar la realidad del aborto debe llevar a que su abolición sea un objetivo de primer orden dentro del movimiento en pro de los derechos humanos. Este objetivo entra de lleno en el terreno de avance de la civilización, del progreso ético y el progreso de los derechos humanos, y, como la superación de la pena de muerte, ha de significar un profundo cambio cualitativo en los sistemas democráticos. Ha llegado el momento de aplicar al primer estadio de la vida lo que prescribe la Declaración Universal, “todo individuo tiene derecho a la vida”, y establecer un sistema legal de protección efectiva en esa etapa, sin menoscabo del derecho de la mujer a su vida y su salud. Los derechos contenidos en las normas internacionales han de tener una aplicación real en nuestro siglo, y Europa, cuna de los derechos humanos, ha de volver a ser un modelo en su respeto y en la promoción de su progreso.