El Tribunal Constitucional español demandado ante la Justicia europea por no dictar sentencia durante 11 años sobre recurso contra la Ley del Aborto

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junio 20, 2021
Sede del Tribunal Constitucional de España en Madrid

Un grupo de 20 diputados y exdiputados de entre los que recurrieron como parlamentarios del PP ante el Tribunal Constitucional (TC) el 1 de junio de 2010 la vigente Ley del Aborto – Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo –, han presentado el 16 de junio 2021 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Estrasburgo, contra el alto tribunal español por la falta de resolución durante once años sobre dicho recurso, lo que significa la violación del art. 6.1. del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

Los ex diputados del PP y diputados de VOX recurrentes son, según informa InfoCatólica: José Eugenio Azpiroz Villar; Juan Manuel Albendea Pabón; Carmen Álvarez-Arenas Cisneros; Andrés Ayala Sánchez; Inmaculada Bañuls Ros; Santiago Cervera Soto; Eva Durán Ramos; Antonio Erías Rey; Andrea Fabra Fernández; Jorge Fernández Díaz; Ignacio Gil Lázaro (VOX); Juan Antonio Gómez Trinidad; Antonio Gutiérrez Molina; Fernando López-Amor García; Teófilo de Luis Rodríguez; Lourdes Méndez Monasterio (VOX); Mario Mingo Zapatero; Ángel Pintado Barbanoj; Federico Trillo-Figueroa Martínez-Conde; Francisco Vañó Ferre.

Su representante ante el TEDH es Grègor Puppinck, director del Centro Europeo para la Ley y la Justicia, organización no gubernamental dedicada a la promoción y protección de los derechos humanos, que se ocupa de cuestiones legales y legislativas, y con amplia experiencia en actuaciones ante este Tribunal.

La demanda se fundamenta en la violación por el Tribunal Constitucional español del Convenio Europeo de Derechos Humanos, art. 6.1., que garantiza ‘el derecho a un proceso equitativo y en un plazo razonable’. Argumenta que durante once años y sin causa justificada, el TC se ha negado a dictar sentencia en el recurso de inconstitucionalidad presentado, mientras que en el mismo periodo ha dictado miles de sentencias. Más de una década de retraso no es plazo razonable para dictar una sentencia como exige el art. 6.1 del Convenio. El recurso sobre la Ley del Aborto es el más antiguo de los que tiene pendientes el TC (el siguiente en antigüedad es de 2015), y a lo largo de los once años transcurridos desde su presentación el Tribunal ha emitido 2.146 sentencias en otros recursos interpuestos la mayoría mucho después.

Se ha notificado al TC la demanda presentada ante el TEDH. El exdiputado del PP José Eugenio Azpiroz, el exsenador del PP Luis Peral, que no firmó el recurso por no ser diputado pero participó en su redacción, y la diputada de VOX Lourdes Méndez, acudieron el 29 de junio 2021, al registro oficial de la sede del Tribunal Constitucional para notificar dicha demanda.

La protección del nasciturus en la doctrina del Tribunal Constitucional español

El recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del PP en 2010, establecía fundadamente que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la vigente Ley de Aborto no respeta las normas constitucionales que le son exigibles. A través de diversas sentencias, la principal la STC 53/1985, se ha configurado según el catedrático de derecho constitucional C. Vidal Prado, entre otros autores, un estatuto jurídico-constitucional del nasciturus y sentado las bases de su tutela jurídica. De este desarrollo jurisprudencial derivan importantes consecuencias jurídicas.  

La doctrina del Tribunal Constitucional “reconoce que, desde la concepción hay un ser humano viviendo, y que el concebido es un ser individual distinto de la madre aunque alojado en el seno de ésta, que está protegido por el art. 15 de la Constitución en todas las etapas de su desarrollo, de manera que el Estado debe establecer un sistema de normas –incluidas las penales– que tutelen la vida del concebido y no nacido”.  

La protección de la vida del concebido tiene fundamentalmente preferencia frente al derecho de autodeterminación de la mujer embarazada y no puede ponerse en entredicho por un plazo determinado. Sólo cuando hay conflicto de derechos puede el Estado limitar la protección del nasciturus, y eso es lo que ocurrió con el sistema de indicaciones de la Ley de 1985, que excluía la punibilidad de los abortos causados en tres supuestos (terapéutico, eugenésico y ético). El TC estableció que dichos supuestos en que se despenalizaba el aborto, derivados del criterio de no exigibilidad, eran constitucionales, sin embargo, el esfuerzo por fijar la protección del no nacido que el Tribunal desarrolló no resultó eficaz, aunque no le correspondía a él comprobar el cumplimiento de la sentencia. La exención de la responsabilidad penal del aborto en ciertos casos no implica que deje de ser una conducta antijurídica, pues el derecho a la vida y su protección no puede tener excepciones.

El criterio de inexigibilidad sostenido por el Tribunal Constitucional para continuar con el embarazo considera las situaciones de excepción en el deber de la madre de llevarlo a término, deben presentarse cargas que exijan un sacrificio de valores vitales en tal magnitud, que no se le pueda exigir a la mujer. El criterio de inexigibilidad que limita la obligación de la mujer de dar a luz al hijo, sin embargo, no deroga la obligación de proteger que tiene el Estado respecto de todo ser humano que está por nacer. Cabe recordar que en 1985, el TC declaró inconstitucional la ley de 1983, porque las medidas para proteger la vida del no nacido eran insuficientes. En posteriores sentencias ha reafirmado que incluso ante la ponderación de derechos la vida del concebido no puede quedar desprotegida, debe lograrse su protección efectiva. Dicha obligación incluye brindar asistencia a la mujer a fin de lograr que ella opte por tener al niño aún en casos de inexigibilidad.

El TC justifica la renuncia a la tutela penal de la vida del no nacido en ciertos casos porque “se trata de graves conflictos de características singulares, que no pueden contemplarse tan sólo desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus, y en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto, el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado, tratando de armonizarlos si ello es posible o, en caso contrario, precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos”. De acuerdo con estas consideraciones, ninguna vida humana puede quedar a plena disposición de un tercero, porque sería tanto como dar primacía absoluta a los derechos de la mujer sobre la vida del nasciturus.

Luego se deduce de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (y no sólo de una Sentencia) que el estatuto jurídico-constitucional del no nacido, bien digno de protección jurídica, impide una regulación en la que la decisión sobre su continuidad vital sea completamente incondicionada. Y esto es lo que sucede en la vigente Ley del Aborto.

El Tribunal fue requerido a dictar sentencia en 2020

En el derecho español no existe posibilidad de recurso frente a las actuaciones o inactividad del Tribunal Constitucional, por ello el grupo que ahora presenta demanda en Estrasburgo, llevó a cabo ante el propio Tribunal un requerimiento para que dictase sentencia el pasado 16 de diciembre de 2020, pero ni la ha dictado ni contestó al requerimiento. Los exdiputados del PP José Eugenio Azpiroz, Ángel Pintado y Eva Durán, el exsenador Luis Peral del PP, y Lourdes Méndez, diputada de VOX, entregaron en el TC dicho requerimiento.

Luis Peral, exsenador del PP; los exdiputados del PP, José Eugenio Azpiroz y Ángel Pintado; Lourdes Méndez, diputada de VOX; y Eva Durán, exdiputada del PP, presentaron requerimiento de sentencia en el registro oficial del TC el 16-12-2020

Al presentar el requerimiento de sentencia, en sus declaraciones a los medios de comunicación, estos políticos que recurrieron en 2010 la Ley del Aborto, señalaron que “la inactividad del Tribunal Constitucional supone ignorar al Parlamento, a los diputados que recurrieron y a todos los ciudadanos, en cuanto incumple su obligación de juzgar, e incumple sus funciones de garantizar que todos los ciudadanos vean respetado su derecho a acceder a la justicia y a obtener una sentencia en plazo razonable sin dilaciones indebidas. Once años es un periodo de tiempo que excede lo razonable y viola nuestros derechos constitucionales y lo previsto en los tratados europeos sobre derechos humanos”. Así mismo manifestaron lo injustificado de la demora en un asunto de tanta trascendencia ética y social.

En esa ocasión ya anticiparon que si el TC no dictaba sentencia en breve plazo, considerarían la posibilidad de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ante la denegación de justicia que ahora requerimos con esta iniciativa”.

La inactividad del Tribunal Constitucional ha tenido consecuencias en la protección de la vida: cerca de un millón de abortos

El Tribunal Constitucional denegó la suspensión cautelar de los preceptos impugnados de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, como se solicitaba en el recurso de inconstitucionalidad “por existir un evidente perjuicio irreparable, al tratarse de la eliminación de vidas humanas. Mediante Auto 90/2010, de 14 de julio de 2010 el Tribunal deniega la suspensión, pero acuerda que: «atendiendo a lo interesado en la demanda y a lo alegado por el Abogado del Estado este Tribunal Constitucional dará carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso». Sin embargo, durante once años ha venido negándose de hecho y por razones desconocidas a dictar sentencia en este recurso de inconstitucionalidad interpuesto, lo que significa que deniega en la práctica y de forma arbitraria a los recurrentes su derecho de acceso a la justicia.

La inactividad del Tribunal Constitucional ha tenido consecuencias en la protección de la vida. Se ha desprotegido al nasciturus y desde 2010 hasta 2019 (último dato disponible), el aborto ha acabado con la vida de 912.024 niños en España. Se ha producido lo que señalaba el recurso de inconstitucionalidad en el caso de no tomarse medidas cautelares y por el retraso en la sentencia: un perjuicio irreparable, la eliminación de miles de vidas humanas.

En suma, actualmente en España, la desprotección del nasciturus es total a pesar de la protección fijada por la doctrina constitucional, y significa que el Estado incumple su función de garantizar los derechos fundamentales, al no establecer un sistema de defensa de la vida con una protección efectiva de la misma. Esta omisión no conlleva una desprotección abstracta, que afecte sólo a la legitimación del Estado, sino que implica la desprotección de miles de vidas individuales, particulares y concretas.

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