Polonia en la regeneración de Europa. La protección constitucional de los niños por nacer con síndrome de Down reduce los abortos en un 90 por cien

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Valla publicitaria de la campaña a favor de la vida en Polonia, febrero de 2021.

En el panorama actual de la Unión Europea y las sociedades occidentales devastadas por la revolución neomarxista de la «corrección política» y sus “dogmas” ideológicos, Polonia y Hungría brillan como referentes de resistencia moral y de libertad, al construir su futuro con los valores de la civilización occidental y de sus propias tradiciones culturales y religiosas.

Ambos países lideran en Europa la protección del derecho a la vida desde la concepción, y son sin duda, el modelo para superar el aborto, con sus legislaciones y sus políticas públicas de apoyo a la familia y la maternidad e impulsando una cultura de vida en el conjunto de la sociedad. Han visto reducidas drásticamente sus tasas de aborto y nos muestran que la realidad actual del aborto en el conjunto de la Unión Europea es reversible.

El número de abortos legales que se realizan en Polonia ha disminuido drásticamente desde su pasado comunista, en la década de los ochenta era de 100.000 al año. Con la caída del comunismo, se aprobó en 1990 una legislación que protegía el derecho a la vida de los no nacidos, el aborto pasó a ser legal con causas: riesgo para la vida o la salud de la madre, deficiencia o enfermedad grave en el feto, o por embarazo resultado de un acto delictivo. En 1996, se aprobó otra excepción a la ley que permitía el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo en casos de dificultades personales o financieras. Desde el Vaticano, el Papa Juan Pablo II condenó la medida y dijo que “una nación que mata a sus propios hijos es una nación sin esperanza”. Se anuló en 1997.

Consecuencia de la nueva legislación, en el año 1993 los abortos se habían reducido a 1.200 y luego, durante muchos años, fueron unos cientos como máximo. Hubo una excepción en 1997, tras la breve entrada en vigor en 1996, de la excepción citada, el número aumentó a 3.000.

A partir de 2015, el número de abortos se estabilizó en torno a mil, en 2020 hubo 1076. En 2021, y tras un fallo judicial que prohibió el aborto en caso de un diagnóstico médico fetal como el síndrome de Down, se redujo un 90 por cien. Esta sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2020, eliminó la causa de deficiencia o enfermedad fetal. Hasta entonces era la causa dominante de aborto legal, así, en 2020 se realizaron 1053 procedimientos sobre esta base.

Según informe del periódico polaco Rzeczpospolita, en 2021, la causa suprimida permitió 75 abortos, pero sólo porque la sentencia entró en vigor a finales de enero. Los 32 abortos restantes durante el año se produjeron por riesgo para la vida o la salud de la mujer. La premisa referente al embarazo por causas delictivas no se usó ni una sola vez.

Polonia, como Hungría, sufre los embates de las instituciones de la Unión Europea, dominadas por las ideologías de la neomarxista «corrección política». En 2021, el Parlamento Europeo al cumplirse el año del fallo judicial citado, aprobó una Resolución de condena de la legislación del aborto de Polonia (11 de noviembre), calificándola de “prohibición de facto del aborto”. Fue adoptada por 373 votos a favor, 124 en contra y 55 abstenciones.

Polonia ha avanzado en el respeto del derecho a la vida al ilegalizar el aborto eugenésico

El 22 de octubre de 2020 el Tribunal Constitucional de Polonia ilegalizó el aborto eugenésico, al declararlo incompatible con los artículos 30 y 38 de su Constitución, que garantizan la inviolabilidad de la dignidad humana y la protección de la vida de todo ser humano, y remitiéndose a su propia jurisprudencia, según la cual: «Desde su inicio, la vida humana se convierte en un valor protegido constitucionalmente. Esto también se aplica a la fase prenatal», y rechazaba la idea gravemente discriminatoria en la que se basan los defensores del aborto eugenésico, señalando que «Es inaceptable decir que un individuo vale menos que otro como ser humano debido a algunas características. Esta afirmación se aplica no solo a la fase postnatal, sino también a la fase prenatal de la vida humana. Independientemente del hecho del nacimiento, la calidad de un ser determinado, que es humano, no cambia. Y su vida está protegida por el art. 38 de la Constitución». El fallo dejó en vigor las excepciones en los casos de violación e incesto y cuando la vida y la salud de la madre estén en riesgo.

El Tribunal Constitucional dio la razón al grupo de parlamentarios del partido conservador Prawo i Sprawiedliwość (PiS, Ley y Justicia), que encabeza una coalición en Polonia con mayoría absoluta, que presentaron un recurso de inconstitucionalidad sobre el aborto por malformación del feto, alegando que era una forma de eugenesia que no respeta la dignidad humana y, por lo tanto, no podía tener cabida en la Constitución del país. Con la publicación de la sentencia el 27-01-2021, entró en vigor la prohibición del aborto eugenésico en Polonia.

Este fallo ya ha salvado vidas, ha logrado que unos mil niños sobrevivieran en 2021. Los datos del Ministerio de Salud muestran que el número de abortos legales disminuyó de 1.076 en el año 2020 a 107 en 2021. Magdalena Korzekwa-Kaliszuk, directora de la Fundación Grupo Proelio, ha puesto de manifiesto que la ley está funcionando y permite salvar a personas concretas. Además del efecto inmediato, «una buena ley impacta positivamente en las actitudes de las personas. Refuerza la convicción de que el derecho a la vida no debe depender del diagnóstico médico y así mismo, no poder dar fin a un niño por motivo eugenésico deja a los médicos sin base para proponer o presionar a los padres para que aborten».

Además de la legislación de defensa del derecho a la vida, Polonia lleva a cabo una política de apoyo a la familia considerándola la base absoluta de la sociedad. Los subsidios a las familias son la medida estrella del partido en el Gobierno, Ley y Justicia, presidido por Jarosław Kaczyńskiha, que realiza una firme política de apoyo a la natalidad, a la que destina unos 4.000 millones de euros al año.

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