Reforma que agrava la Ley de Aborto en España. ¿Dónde está el Tribunal Constitucional? 12 años esperando sentencia sobre recurso de inconstitucionalidad

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El Consejo de Ministros aprobó el 17 de mayo de 2022 el proyecto de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que viene a ampliarla y consolidarla.

Los aspectos centrales son: permitir el aborto a las menores de entre 16 y 18 años y a las discapacitadas sin consentimiento paterno, y eliminar los tres días de reflexión para tomar la decisión sobre abortar o seguir con el embarazo, es decir avanza en el menosprecio de la vida del nasciturus y de la trascendencia del aborto.

Otra medida clave es la creación de un registro de objetores de conciencia de los profesionales sanitarios, que cabe interpretar como coactiva y que como señalan los órganos colegiales “atenta contra el derecho a la confidencialidad y a la no discriminación y dificulta el ejercicio de la objeción”. Este anteproyecto pasará al Parlamento en los próximos meses para su tramitación.

LA CUESTIÓN FUNDAMENTAL DE ESTA MODIFICACIÓN DE LA VIGENTE LEY DE ABORTO ES QUE AMPLÍA Y CONSOLIDA LOS ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN, MIENTRAS QUE SOBRE ELLA RECAE UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

Lo esencial de esta modificación de la normativa vigente dirigida a incrementar lo que se denominan “derechos reproductivos”, es que ahonda en los elementos de la Ley que instauró el sistema de plazos en 2010, amplía aspectos que incrementan la desprotección del nasciturus y trivializa aún más el aborto.

La Ley vigente como es bien sabido está recurrida ante el Tribunal Constitucional, desde junio de 2010, es decir desde hace exactamente 12 años, sin que el Tribunal haya dictado sentencia, un auténtico escándalo democrático.

El recurso de inconstitucionalidad presentado por diputados del PP en el año 2010, establecía fundadamente que según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la ley de plazos aprobada no respetaba las normas constitucionales que le son exigibles. A través de diversas sentencias, la principal la STC 53/1985, está configurado según el catedrático de derecho constitucional C. Vidal Prado, entre otros autores, un estatuto jurídico-constitucional del nasciturus y sentado las bases de su tutela jurídica. De este desarrollo jurisprudencial derivan importantes consecuencias jurídicas. 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional (y no sólo de una Sentencia) establece que el estatuto jurídico-constitucional del no nacido, bien digno de protección jurídica, impide una regulación en la que la decisión sobre su continuidad vital sea completamente incondicionada. Y esto es lo que sucede en la vigente Ley del Aborto y se consolida con la modificación prevista.

EL ALTO TRIBUNAL ESPAÑOL POR SU RETRASO EN DICTAR SENTENCIA EN EL RECURSO SOBRE LA LEY DE ABORTO DE 2010 HA SIDO DENUNCIADO ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS QUE HA ACEPTADO LA DEMANDA

Tras años de espera, con unas consecuencias que no son políticas o administrativas, sino que han costado vidas, el Tribunal Constitucional español ha sido demandado ante la Justicia europea por su falta de resolución injustificable de este recurso.

Como publicamos en su momento un grupo de 20 diputados –dos de ellos en activo y de Vox– de entre los 71 que recurrieron como parlamentarios del PP ante el Tribunal Constitucional el 1 de junio de 2010 la vigente Ley del Aborto – Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo –, presentaron el 16 de junio 2021 una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), el Tribunal de Estrasburgo, contra el alto tribunal español por la violación del artículo 6.1. del Convenio Europeo de Derechos Humanos que garantiza el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

El recurso sobre el aborto es el más antiguo de los que tiene pendientes el TC (el siguiente en antigüedad es de 2015), y a lo largo de los años transcurridos desde su presentación ha emitido más de 2.000 sentencias en otros recursos interpuestos la mayoría mucho después.

Previamente a la denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el grupo demandante había realizado ante el tribunal español un requerimiento para que dictase sentencia el 16 de diciembre de 2020, pero ni tan solo contestó al requerimiento. Al presentarlo, el grupo ya anticipó su intención de acudir al Tribunal Europeo “ante la denegación de justicia que ahora requerimos con esta iniciativa”.

Sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo

Pues bien la Justicia europea ha admitido la demanda y acepta investigar el retraso del tribunal español en dictar sentencia sobre el recurso contra la Ley de Aborto que instauró el sistema de plazos. El Tribunal Europeo resolverá por primera vez una reclamación contra el TC español. Así consta en una resolución del 12 de enero de 2022, remitida por la Secretaría del órgano judicial europeo a uno de los diputados recurrentes del texto legal, el exparlamentario José Eugenio Azpiroz, publicada por El Debate, «El caso será sometido a examen del Tribunal tan pronto como sea posible, según los documentos e informaciones proporcionados». 

LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL DE 2010 A 2021

La última renovación de magistrados del TC tuvo lugar en noviembre de 2021, por el pacto entre el Gobierno socialcomunista y el Partido Popular, presidido en ese momento por Pablo Casado, y actualmente hay otra renovación pendiente.

En todo caso, está en manos de los actuales magistrados (con los que puedan incorporarse) dictar la ineludible sentencia o enfrentarse a lo que resuelva la Justicia europea, pero existe una responsabilidad en los que han sido miembros del tribunal en el periodo trascurrido desde 2010, incorporados en distintos años y algunos en el TC actual.

Los magistrados del Tribunal Constitucional entre 2010 y noviembre de 2021 (no incluye los fallecidos):

Se indica la adscripción a los sectores progresista (P) y conservador (C), según los partidos políticos que los promovieron para su propuesta por las instituciones correspondientes: cuatro por el Congreso, cuatro por el Senado, dos por el Consejo General del Poder Judicial y dos por los Gobiernos respectivos.  

  • Pascual Sala Sánchez (2004 – 2013). Presidente 2011-2013. (P)
  • Eugeni Gay Montalvo (2001-2012). Vpdte. 2011-2012. (P)
  • Ramón Rodríguez Arribas (2004 – 2013). Vpdte. 2012-2013. (C)
  • Javier Delgado Barrio (2001-2012). (C)
  • Elisa Pérez Vera (2001-2013). (P)
  • Manuel Aragón Reyes (2004-2013). (P)
  • Enrique López y López (2013-2014). (C)
  • Fernando Pérez de los Cobos Orihuel (2010 – 2017). Presidente 2013-2017. (C)
  • Adela Asúa Batarrita (2010-2017). Vpdte. 2013-2017. (P)
  • Juan José González Rivas (2012-2021). Presidente 2017-2021. (C)
  • Encarnación Roca (2012-2021). Vpdte. 2017-2021. (P)
  • Andrés Ollero (2012-2021). (C).
  • Fernando Valdés Dal-Ré (2012-2021). (P)

LAS CONSECUENCIAS NO SON POLÍTICAS O ADMINISTRATIVAS, HAN COSTADO VIDAS

La inactividad del Tribunal Constitucional ha tenido consecuencias en la protección de la vida del nasciturus, desde 2010 hasta 2020 (últimos datos disponibles): el aborto ha acabado con la vida de 1.000.293 niños en España.

El Tribunal Constitucional denegó la suspensión cautelar de los preceptos impugnados de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, como se solicitaba en el recurso de inconstitucionalidad “por existir un evidente perjuicio irreparable, al tratarse de la eliminación de vidas humanas”. Mediante Auto 90/2010, de 14 de julio de 2010 el Tribunal deniega la suspensión, pero acuerda que: «atendiendo a lo interesado en la demanda y a lo alegado por el Abogado del Estado este Tribunal Constitucional dará carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso».

Sin embargo, durante doce años se ha negado de hecho y por razones desconocidas a dictar sentencia y se ha producido lo que señalaba el recurso de inconstitucionalidad en el caso de no tomarse medidas cautelares y por el retraso en la sentencia: un perjuicio irreparable, la eliminación de miles de vidas humanas.

LOS 12 MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN 2022

El cuadro a continuación muestra la composición actual del tribunal e indica el partido que los promovió y la institución que los propuso. El TC se enfrenta, antes del verano, a la renovación de un tercio de sus miembros con la salida de su actual presidente, Pedro González-Trevijano, y el vicepresidente, Juan Antonio Xiol; así como de los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares. Dos de los nuevos nombres serán decisión del Gobierno y otros corresponden a la designación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un candidato a propuesta del PSOE y otro del PP, aunque sobre este organismo, pendiente de renovación también, pesa una reciente normativa que le ha quitado esta competencia.  

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En suma, la inacción del Tribunal Constitucional durante doce años contribuye decisivamente a que hoy en España la desprotección del nasciturus sea total a pesar de la tutela fijada por la propia doctrina constitucional.

Y como hemos reiterado desde estas páginas en toda ocasión, esto significa que el Estado incumple su función de garantizar los derechos fundamentales, al no establecer un sistema de defensa de la vida con una protección efectiva de la misma. Esta omisión no conlleva una desprotección abstracta, que afecte sólo a la legitimación del Estado, sino que implica la desprotección de miles de vidas individuales, particulares y concretas.